El Gobierno de España ha advertido que la propuesta de bonificar los peajes únicamente para los empadronados en Castilla y León podría vulnerar la legislación europea. Según el Ministerio, los diez millones de euros previstos para esta medida serían considerados una cantidad insignificante en comparación con los 196 millones de euros que las concesionarias de autopistas ingresan actualmente. Esta controversia pone de manifiesto la complejidad de implementar políticas regionales que puedan chocar con normativas superiores y generar conflictos legales.
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