El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha emitido este jueves una sentencia que absuelve a los 16 acusados, así como a las aseguradoras y a la Hullera Vasco-Leonesa, de cualquier cargo relacionado con la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio el 28 de octubre de 2013. La decisión también exime de responsabilidad a las entidades aseguradoras MAPFRE España, AMIC Seguros Generales y HDI Hannover Internacional.
La sentencia, emitida por el Juzgado de lo Penal número de León, establece que se abonarán a los perjudicados indemnizaciones por un total de 3.238.596,80 euros, incluyendo intereses. Este fallo llega tras ocho semanas de juicio y casi tres años después de su conclusión. Entre los imputados se encontraban altos cargos de la compañía, como el presidente Antonio del Valle y otros directivos.
El tribunal determinó que el accidente fue causado por un fenómeno geodinámico súbito e imprevisible, lo que llevó a la absolución de los acusados. La jueza no encontró pruebas de negligencia o incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
La reacción de los familiares de las víctimas ha sido de frustración y enfado. Manuel Morueco, padre de una de las víctimas, expresó su total desacuerdo con la decisión judicial. Su hijo, Manuel Antonio Morue, fue una de las seis víctimas mortales del siniestro.
Este fallo tiene un impacto significativo en la comunidad de León y en la provincia de Castilla y León, donde el accidente tuvo un profundo efecto. La decisión de absolver a los acusados podría influir en futuras normativas de seguridad laboral en la región.
A nivel autonómico, el caso ha sido seguido de cerca, ya que representa uno de los accidentes mineros más trágicos en la historia reciente de Castilla y León. Las indemnizaciones establecidas buscan compensar a las familias afectadas, aunque no todos están satisfechos con el resultado.
En el futuro, se espera que este caso sirva como referencia para mejorar las medidas de seguridad en la minería y prevenir tragedias similares. Las familias de las víctimas continúan buscando justicia y esperan que se implementen cambios significativos en las políticas de seguridad laboral.
