La Junta de Castilla y León ha dado un paso significativo hacia la preparación de las elecciones autonómicas de 2026 con la publicación de un decreto, un acuerdo y cuatro órdenes en el Boletín Oficial. Estas normativas, aprobadas el 3 de febrero de 2026, buscan regular aspectos clave del proceso electoral, desde la organización de las mesas hasta la retribución del personal involucrado, garantizando así la transparencia y eficiencia del proceso.
El manual de instrucciones, supervisado por la Junta Electoral Central, es una guía completa para la constitución de mesas y la entrega de documentación oficial. Este documento detalla el papel de la presidencia de mesa como máxima autoridad durante la jornada electoral, asegurando un proceso homogéneo en todos los colegios de la comunidad.
Además, se han establecido decretos para regular las dietas y gratificaciones del personal colaborador, incluyendo miembros de juntas electorales y representantes de la administración. Las retribuciones varían, con un máximo de 76,41 euros por jornada electoral.
La normativa también aborda la cobertura de riesgos mediante la Seguridad Social y la logística necesaria para el correcto funcionamiento de los colegios electorales.
En cuanto a los debates electorales, la Junta ha modificado la regulación de la Comisión de Debates Electorales de Castilla y León, adaptando su funcionamiento a los cambios en el panorama mediático. La nueva orden asegura la representación de medios de comunicación y establece criterios para la organización de debates, incluyendo la determinación de fechas y bloques temáticos.
Por otro lado, se ha publicado una orden que regula la concesión de permisos laborales a empleados públicos de la Junta que participen como personal electoral. Estos permisos son retribuidos y se adaptan a las necesidades de cada jornada electoral.
La Consejería de Comercio, Industria y Empleo ha introducido medidas para facilitar la participación de trabajadores de empresas privadas, permitiendo ajustes en sus horarios laborales.
En resumen, estas normativas buscan asegurar un proceso electoral transparente y eficiente, adaptándose a las necesidades actuales y futuras de la comunidad. La Junta de Castilla y León continúa trabajando para garantizar que las elecciones de 2026 se desarrollen de manera ordenada y justa, con un enfoque claro en la transparencia y la participación ciudadana.
