El reciente Consejo de Ministros se vio marcado por un acalorado enfrentamiento entre el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el Ministro de Transportes, Óscar Puente, debido a las filtraciones relacionadas con la investigación del accidente ferroviario en Adamuz. El incidente, que involucró a la Guardia Civil y Adif, ha generado tensiones en el seno del gobierno.
La disputa surgió cuando Marlaska acusó a Puente de actuar de manera independiente y no informar sobre sus decisiones, lo que provocó una respuesta airada por parte de Puente. Este último defendió el trabajo de la Guardia Civil y criticó las acusaciones de Marlaska, calificándolas de infundadas. El Ministerio de Movilidad Sostenible también se pronunció, respaldando la actuación de Adif y cuestionando las acusaciones de Marlaska.
El origen de la controversia se remonta a un informe de la Guardia Civil enviado al juzgado de Montoro, en el que se señala que agentes de Adif retiraron piezas clave del lugar del accidente antes de la llegada de los investigadores. Estas piezas, consideradas pruebas potenciales, fueron trasladadas a instalaciones de Adif, lo que generó dudas sobre la integridad del proceso investigativo.
No es la primera vez que Marlaska y Puente chocan en el ámbito político. Anteriormente, han surgido discrepancias, incluso en grupos de WhatsApp del gobierno. Sin embargo, esta vez la situación se ha intensificado debido a la gravedad del accidente en Adamuz, que dejó 46 muertos y más de un centenar de heridos el pasado 18 de octubre.
El Ministerio del Interior ha expresado su preocupación por la difusión de datos de Adif, que considera parte del procedimiento judicial. Marlaska ha insistido en que Puente debe rendir cuentas y ha instado a los responsables del área de Transportes a aclarar públicamente la actuación de los investigadores.
Por su parte, Puente ha defendido la actuación de Adif, afirmando que las piezas retiradas estaban «preservadas y a disposición judicial». Además, ha publicado un documento que explica cómo los agentes de Adif colaboraron en la zona, lo que, según él, demuestra que no hubo irregularidades.
El Instituto Armado, por su parte, ha señalado que el proceso sigue abierto y que aún no se han sacado conclusiones definitivas. Sin embargo, el enfrentamiento entre los ministros ha puesto de manifiesto las tensiones internas en el gobierno.
El desenlace de esta situación es incierto. La Guardia Civil ha mantenido abiertas las hipótesis sobre el accidente, y el gobierno enfrenta una crisis de confianza en sus filas. La falta de comunicación y las diferencias de criterio han exacerbado la situación, que podría tener repercusiones en la estabilidad del gabinete.
A medida que la investigación continúa, se espera que el gobierno tome medidas para resolver las discrepancias internas y asegurar que el proceso judicial se lleve a cabo de manera transparente. La tragedia de Adamuz sigue siendo un tema delicado, y su manejo podría tener un impacto significativo en la percepción pública del gobierno.
