La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha solicitado a la Junta de Castilla y León que considere imponer sanciones a Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista AP-66, por cobrar el peaje completo a los usuarios que transitan entre León y Asturias, a pesar de las obras que afectan el tramo. Esta situación ha generado un notable descontento entre los conductores, quienes deben enfrentar una reducción significativa de la velocidad y un aumento en los tiempos de recorrido debido a los cierres de carriles y desvíos.

La UPL ha manifestado que esta medida es particularmente perjudicial para los habitantes de León, Zamora y Salamanca, quienes utilizan esta ruta para dirigirse a Asturias, especialmente durante la temporada vacacional. El cobro del peaje completo, a pesar de las condiciones adversas de la carretera, es visto como un abuso por parte de la concesionaria, ya que los usuarios no están recibiendo el servicio completo por el que están pagando.

Los leonesistas han recordado que la tarifa normal de la autopista para turismos es de 16,20 euros, un precio que consideran excesivo dadas las actuales condiciones de la vía. La autopista, que se extiende por 78 kilómetros, se encuentra actualmente afectada por obras que limitan su capacidad y funcionalidad, lo que ha llevado a la UPL a cuestionar la legalidad del cobro íntegro del peaje bajo estas circunstancias.

En un esfuerzo por abordar esta situación, la UPL ha recordado que ya en 2025 presentó un escrito ante la Junta de Castilla y León para pedir que se suspendiera el peaje en la AP-66 mientras duraran las obras. Esta petición se fundamenta en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que protege a los consumidores de prácticas abusivas.

Además, la UPL ha subrayado su intención de llevar esta problemática al ámbito europeo. Han anunciado que, si no se logra una solución a nivel nacional, recurrirán a las Cortes Europeas en 2024 con una Proposición No de Ley para eliminar el peaje durante las obras. Esta iniciativa busca garantizar que los derechos de los usuarios sean respetados y que no se les cobre por un servicio que no se está prestando en su totalidad.

La situación ha generado un debate sobre la gestión de las concesionarias de autopistas en España y la necesidad de proteger a los consumidores de prácticas que puedan considerarse abusivas. La UPL espera que su denuncia lleve a una revisión de las políticas de cobro de peajes en situaciones similares, asegurando que los usuarios no sean penalizados por obras que afectan significativamente su experiencia de viaje.

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