La crisis en Muface continúa agravándose, dejando en el limbo a más de 700.000 funcionarios que podrían quedarse sin su actual seguro médico. La compañía DKV ha decidido sumarse a Adeslas en rechazar la nueva oferta del Gobierno, lo que ha generado una ola de preocupación e incertidumbre entre los asegurados.
El sindicato CSIF ha acusado al Gobierno de «dejación de funciones» por no lograr llegar a un acuerdo satisfactorio con las aseguradoras, poniendo en riesgo la salud y la tranquilidad de miles de trabajadores del sector público. Ante esta situación, CSIF ha amenazado con emprender acciones legales para proteger los derechos de los afectados.
La falta de consenso y la incapacidad de las partes para llegar a un acuerdo están generando un clima de tensión y malestar entre los funcionarios, quienes ven peligrar su acceso a una atención médica de calidad. Mientras tanto, el Gobierno se ve presionado a encontrar una solución urgente que garantice la continuidad de la cobertura sanitaria para este importante colectivo de trabajadores.
