Un preocupante panorama vial se vislumbra en Castilla y León, donde un alarmante 39% de las carreteras de la región se encuentran en un estado catalogado como «muy grave». Esta cifra refleja la urgente necesidad de inversión y mantenimiento en la infraestructura vial de la comunidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de conductores y peatones.
La precariedad de las carreteras no solo impacta en la fluidez del tráfico, sino que también aumenta el riesgo de accidentes y deteriora la calidad de vida de los habitantes de la región. Ante esta situación, se hace imprescindible que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas para abordar esta problemática y evitar posibles consecuencias lamentables.
Los ciudadanos de Castilla y León exigen una actuación contundente por parte de las instituciones, que deben priorizar la inversión en infraestructuras viales para garantizar la movilidad segura de la población. La seguridad en las carreteras es un derecho fundamental que no puede ser pasado por alto, y es responsabilidad de las autoridades velar por su cumplimiento en beneficio de todos los ciudadanos.
