El Juzgado de lo Social nº1 de Palencia ha dictado una sentencia que obliga al Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) a pagar 54.037 euros a los padres de un menor por los gastos de farmacia relacionados con la hormona del crecimiento. La sentencia, emitida el 14 de mayo de 2025, es una de las dos resoluciones similares que el mismo juzgado ha dictado en relación con el tratamiento de menores que sufren déficit de crecimiento.
El caso fue presentado por los Servicios Jurídicos de la Asociación el Defensor del Paciente, representados por el letrado Santiago Díez. Según la presidenta de la asociación, Carmen Flores, estas sentencias evidencian la necesidad de que Sacyl revise su postura respecto a la cobertura de tratamientos esenciales para el desarrollo de menores.
La sentencia del 19 de mayo de 2025 también condena a Sacyl por el tratamiento prestado a otro menor, aunque no se han especificado las cifras de esta segunda resolución. Ambas sentencias reconocen el déficit de crecimiento que padecen los menores afectados y no han sido recurridas por la entidad sanitaria.
Este fallo judicial tiene un impacto significativo en la provincia de Palencia y en toda la comunidad de Castilla y León, ya que establece un precedente sobre la responsabilidad de Sacyl en la cobertura de tratamientos farmacéuticos esenciales. A nivel autonómico y nacional, el caso podría influir en futuras decisiones judiciales relacionadas con la seguridad social y la sanidad pública.
Carmen Flores ha criticado abiertamente la posición de Sacyl, afirmando que «la negativa a cubrir estos tratamientos pone en riesgo el desarrollo y bienestar de los menores afectados». La asociación El Defensor del Paciente continuará trabajando para garantizar que los derechos de los pacientes sean respetados y que las entidades sanitarias cumplan con sus obligaciones.
De cara al futuro, se espera que Sacyl revise sus políticas de cobertura para evitar futuras condenas y asegurar que todos los pacientes reciban el tratamiento necesario sin tener que recurrir a la vía judicial. Esta situación también podría llevar a un debate más amplio sobre la financiación de tratamientos farmacéuticos en el sistema de salud pública de Castilla y León.
