El 17 de septiembre de 2025, la Junta de Castilla y León expresó su rechazo a la propuesta del Gobierno de España que busca reducir la duración máxima de los nombramientos del personal interino de tres a dos años. Esta decisión fue anunciada por la Consejería de la Presidencia de la Junta, liderada por Luis Miguel González Gago, quien argumentó que la medida podría afectar negativamente la continuidad y calidad de los servicios públicos en la región.
Detalles de la Propuesta
El Gobierno de España ha propuesto una modificación en la normativa que regula la duración de los contratos del personal interino, con el objetivo de fomentar una mayor estabilidad laboral y reducir la temporalidad en el sector público. La propuesta incluye la reducción del periodo máximo de nombramiento de tres a dos años, una medida que ha sido recibida con escepticismo por parte de varias comunidades autónomas, incluida Castilla y León.
La Junta de Castilla y León, a través de su portavoz, Luis Miguel González Gago, ha manifestado que esta reducción no solo es insuficiente para abordar los problemas estructurales del empleo público, sino que también podría comprometer la prestación de servicios esenciales. Según González Gago, la medida no contempla las particularidades de cada comunidad autónoma y podría generar una rotación excesiva de personal, afectando la experiencia y la eficiencia en la administración pública.
Impacto en los Servicios Públicos
La Junta ha subrayado que la estabilidad del personal interino es crucial para mantener la calidad de los servicios públicos, especialmente en áreas como la educación y la sanidad, donde la experiencia y continuidad del personal son fundamentales. La rotación frecuente de trabajadores podría llevar a una pérdida de conocimiento institucional y afectar la implementación de políticas a largo plazo.
Además, la Junta ha señalado que la propuesta del Gobierno no aborda adecuadamente la necesidad de convocatorias de empleo público que permitan la consolidación de plazas y la reducción de la temporalidad de manera efectiva. En este sentido, Castilla y León aboga por una reforma más integral que contemple no solo la duración de los contratos, sino también medidas que faciliten la estabilización del empleo público.
Próximos Pasos
Ante el rechazo de la propuesta, la Junta de Castilla y León ha instado al Gobierno de España a reconsiderar su enfoque y a entablar un diálogo más amplio con las comunidades autónomas para desarrollar una solución que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada región. Se espera que en las próximas semanas se celebren reuniones entre representantes del Gobierno central y las comunidades autónomas para discutir posibles ajustes a la propuesta inicial.
El desacuerdo sobre la duración de los nombramientos del personal interino es un ejemplo más de las tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en la gestión del empleo público, un tema que seguirá siendo objeto de debate en los próximos meses. La Junta de Castilla y León, por su parte, ha reiterado su compromiso de defender los intereses de sus ciudadanos y de garantizar la calidad de los servicios públicos en la región.
