Tanto la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia reclaman al Gobierno de España información sobre la afección concreta del contrato fracasado a las previsiones de renovación de los trenes de ancho métrico, que operan en las dos comunidades.
La consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León y su homóloga de la Xunta de Galicia se han dirigido a la Secretaría de Estados de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para comunicarle su preocupación, debido a la gravedad de las noticias aparecidas en los medios de comunicación, relacionadas con el retraso que implicará el error del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la licitación para el suministro de trenes de ancho métrico y alpinos.
Los representantes de los gobiernos autonómicos solicitan, en sus respectivas cartas, que se les notifique cumplidamente sobre el estado de ejecución de dicho contrato, esencialmente en lo relativo a plazos de entrega de los trenes fallidos y pagos efectuados con cargo a fondos públicos, y que se haga público y sea accesible todo el expediente de contratación tramitado y adjudicado por el Consejo de Administración de Renfe.
También, debido a la falta de información y remitiéndose al anuncio del 29 de junio de 2020 en el que informaba que «Renfe adjudicaba a CAF la compra de 31 trenes de ancho métrico y 6 alpinos por 258 millones de euros» – en cuyo texto se desgranaba que se adquirían 26 trenes eléctricos y 5 híbridos (que podrían utilizarse en Castilla y León y Galicia) y que, incluso, se podría llegar a adquirir otro más – repiten que se les informe, en el menor plazo posible, sobre el destino previsto para los trenes objeto del contrato y en concreto, cuántas unidades iban a ser asignadas a Castilla y León y a Galicia.
En dicha información se encontraba detallado la flota de ‘ancho métrico’ que daría servicio en Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia. Por consiguiente, exigen que se añada expresamente la renovación de los trenes que circulan por respectivos territorios, para que todos los viajeros usuarios de estos servicios ferroviarios en el norte de país lo hagan en las mismas condiciones. De igual forma, corroboran su interés en participar y ser escuchado en todas aquellas reuniones que se citen desde el Ministerio para informar sobre este tema, junto al resto de comunidades autónomas que cuentan con este servicio.
Por otra parte, María González Corral y Ethel Vázquez solicitan que el Ministerio aclare cuándo tuvo conocimiento de los acontecimientos y qué medidas han tomado desde entonces, también las que se van a tomar a partir de ahora.
Para terminar, piden que «se asuman las responsabilidades políticas al más alto nivel, sin perjuicio de que se depuren las responsabilidades legales que se deriven de esta insólita actuación, que pone de manifiesto una vez más la absoluta falta de rigor en la gestión de los servicios públicos esenciales, cuyos costes son sufragados por todos los ciudadanos».
