En un nuevo escándalo político que ha sacudido al Congreso de los Diputados, las enfermeras han revelado que los parlamentarios han solicitado un total de 100 aplazamientos para evitar la implementación de la ley de ratios en los hospitales. Según denuncia el Sindicato de Enfermería, SATSE, la Comisión de Sanidad del Congreso se ha dedicado a entorpecer el proceso en lugar de trabajar en pro de una atención sanitaria de calidad.
Esta ley, que busca establecer una proporción adecuada y segura de pacientes por enfermera, ha sido objeto de constantes obstáculos por parte de los diputados, quienes parecen priorizar sus propios intereses por encima de la salud y bienestar de la población. La falta de compromiso por parte de los legisladores ha generado un profundo malestar en el sector sanitario, que ve en esta actitud una clara negligencia hacia la profesión de enfermería y, en última instancia, hacia los pacientes.
Ante esta situación, se espera que la presión social aumente y que se exija a los representantes políticos que cumplan con su deber de velar por la salud pública. La transparencia y la rendición de cuentas se convierten en aspectos fundamentales en un momento en el que la confianza en las instituciones se encuentra en entredicho. La salud de la ciudadanía no puede ser moneda de cambio en disputas partidistas, y es responsabilidad de los diputados garantizar que las leyes se cumplan en beneficio de todos.