El Gobierno ha anunciado un cambio de planes en su política fiscal, decidiendo posponer la subida del impuesto al diésel y eliminar el IVA rebajado de los alimentos. Estas medidas, que estaban inicialmente previstas para entrar en vigor en el próximo año, han sido modificadas tras la reunión del último Consejo de Ministros del año.
Además, se ha anunciado la ampliación por seis meses de las ayudas al transporte público, con el objetivo de fomentar su uso y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes. Asimismo, se ha prorrogado el llamado ‘escudo antiopas’ hasta el 31 de diciembre de 2026, una medida destinada a proteger a empresas españolas de posibles adquisiciones hostiles por parte de inversores extranjeros.
Estas decisiones han generado debate entre los diferentes sectores de la sociedad, con opiniones divididas sobre el impacto que tendrán en la economía y en el bolsillo de los ciudadanos. Mientras algunos aplauden la postergación de la subida del impuesto al diésel como un alivio para los conductores, otros critican la eliminación del IVA rebajado en alimentos por considerar que afectará a la economía familiar.
En este contexto de cambios en la política fiscal, el Gobierno se enfrenta al reto de encontrar un equilibrio entre la necesidad de recaudar fondos para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia, y la preocupación por no impactar negativamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos.
