La presión de la población es decisiva: el deterioro acumulado del sistema ferroviario sitúa la seguridad en un escenario de riesgo
La red ferroviaria española atraviesa una crisis operativa y de seguridad sin precedentes en términos de percepción pública, tras encadenar incidentes graves en pocos días y coincidir con el accidente del tren de Iryo con 45 fallecidos, un suceso que ha actuado como detonante social y laboral. No se trata de una semana excepcionalmente peor, sino del momento en el que el personal técnico y operativo ha decidido no seguir ocultando lo que lleva años denunciándose internamente.
Trabajadores de Renfe, de Adif y de empresas subcontratadas confirman que las reclamaciones, avisos de riesgo y partes de mantenimiento pendientes son estructurales, repetidos ejercicio tras ejercicio. La diferencia actual es clara: se han activado filtraciones sistemáticas porque existe la convicción de que solo la presión ciudadana puede forzar cambios reales frente a una dirección política que, a juicio del sector, ha degradado la gestión técnica del ferrocarril.
Los tres últimos incidentes graves que han precipitado la reacción interna
Sin entrar en procesos judiciales ni en investigaciones en curso, los partes operativos y comunicaciones internas coinciden en tres episodios graves recientes, relevantes por su impacto en seguridad y explotación:
1. Accidente del tren de Iryo con víctimas mortales
El siniestro más grave, con 45 fallecidos, ha puesto en evidencia fallos críticos en la cadena de seguridad, desde la infraestructura hasta la gestión del riesgo. Más allá de las causas concretas que determinen los órganos investigadores, el consenso técnico interno apunta a un problema sistémico, no a un hecho aislado. Para el personal, este accidente simboliza las consecuencias de años de alertas ignoradas.
2. Incidente grave por fallo estructural en infraestructura convencional
Días después, un tren de red convencional sufrió un incidente grave vinculado a la estabilidad de la infraestructura, obligando a interrupciones prolongadas del servicio, evacuación de viajeros y cierre preventivo del tramo. Informes técnicos previos ya advertían de deficiencias en drenajes, muros de contención y mantenimiento preventivo, sin que se hubieran ejecutado actuaciones integrales.
3. Colisión con obstáculos en vía por falta de control y supervisión
El tercer episodio relevante afectó a un servicio de cercanías, cuando un convoy impactó con elementos ajenos a la vía, procedentes de trabajos o desprendimientos no controlados. Aunque el balance personal fue limitado, el riesgo potencial era extremo y volvió a evidenciar fallos en la coordinación entre mantenimiento, obra y explotación, una queja recurrente del personal de campo.
Estos tres casos, sumados a decenas de incidencias menores diarias, explican por qué el sector insiste en que no estamos ante una racha puntual, sino ante la visibilización forzada de un problema crónico.
Años de advertencias ignoradas
El personal ferroviario es tajante:
- Las reclamaciones actuales no son nuevas.
- Los informes internos existen desde hace años.
- Las inversiones no han seguido criterios técnicos, sino políticos y comunicativos.
Durante décadas, el ferrocarril español fue referencia europea en seguridad y fiabilidad. Esa reputación, sostienen los profesionales, se ha erosionado por una gestión politizada, con nombramientos por afinidad y no por experiencia técnica, y con prioridades alejadas de la realidad operativa de la red.
La responsabilidad política se sitúa directamente en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y la dirección del ministro Óscar Puente. En el sector se percibe una desconexión total entre el discurso institucional y el estado real de la red, así como una tendencia a minimizar incidencias hasta que la magnitud las hace imposibles de ocultar.
La filtración como último recurso
La filtración masiva de reclamaciones no responde a intereses partidistas, sino a una estrategia defensiva del propio sistema. Técnicos, maquinistas y personal de mantenimiento coinciden en que callar ya no es una opción, porque el riesgo se traslada directamente a viajeros y trabajadores.
La presión social empieza a ser determinante. Asociaciones de usuarios y empleados coinciden en que solo un aumento del coste político del deterioro ferroviario puede forzar:
- La profesionalización real de la gestión.
- Auditorías técnicas independientes.
- Planes plurianuales de mantenimiento con financiación finalista.
- La salida de perfiles sin cualificación técnica de puestos clave.
Una encrucijada crítica
El ferrocarril español se encuentra ante una decisión histórica:
o se corrige de raíz una deriva política que ha debilitado un sistema ejemplar,
o se normaliza un escenario donde los incidentes graves dejan de ser excepcionales.
Para el personal que hoy filtra información, la conclusión es inequívoca: el estado de la red es peligroso, y la ciudadanía debe saberlo para exigir responsabilidades y cambios reales. La seguridad ferroviaria ya no es un debate técnico interno; es un problema público de primer orden.
