El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el Gobierno autonómico pondrá en marcha ‘todos los recursos legales’ si se consuma el acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre un nuevo sistema de financiación para Cataluña. Esta declaración fue realizada el 6 de enero de 2023, tras la firma de un protocolo de colaboración con el Grupo Avintia.
Mañueco ha expresado su rechazo a ‘los privilegios que rompan la igualdad entre personas y territorios’, en referencia al acuerdo que prevé una financiación adicional de 4.700 millones de euros para Cataluña. El presidente de la Junta ha subrayado que ‘el dinero es para pagar los servicios públicos de todos y no para que Sánchez cumpla con las cesiones de sus socios separatistas’.
El líder autonómico ha señalado que, de materializarse el acuerdo, se trataría de ‘una cesión que perjudicaría a Castilla y León’ y que ‘rompería la caja común de nuestro país’. Mañueco ha asegurado que defenderán desde el Gobierno de Castilla y León ‘con todos los recursos legales a nuestro alcance, incluso, si es necesario, ir al Tribunal Constitucional’.
En una rueda de prensa posterior, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, también se pronunció en contra del acuerdo, calificándolo de ‘compra de apoyos’ y advirtiendo del ‘grave perjuicio a los intereses de Castilla y León’.
Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha valorado la reunión entre Sánchez y Junqueras, destacando la obligación del gobierno de ‘buscar acuerdos y consensos’.
Este anuncio se enmarca en un contexto de creciente tensión política en España, donde las negociaciones sobre financiación autonómica son un tema recurrente. La postura de Mañueco refleja la preocupación de Castilla y León por el impacto que este tipo de acuerdos podría tener en la región y en el equilibrio financiero nacional.
A futuro, se espera que el Gobierno de Castilla y León continúe explorando vías legales para contrarrestar el acuerdo, mientras que el debate sobre la financiación autonómica seguirá siendo un tema central en la política española.
