El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. El caso involucra a Alberto González, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien se habrían entregado datos de manera indebida.
Esta decisión, adoptada el 21 de noviembre de 2023, marca un precedente, ya que es la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados. La sentencia no fue unánime, ya que contó con el voto particular de la magistrada Ana Ferrer y Susana Polo. Sin embargo, el ponente de la sentencia fue Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal.
El fallo aún no se ha notificado oficialmente a las partes, lo que significa que no surtirá efectos hasta entonces. Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Hana Jalloul, diputada y secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, criticó la sentencia, calificándola de «vergonzosa».
El Gobierno y el PSOE han defendido la inocencia de García Ortiz, mientras que el Partido Popular ha calificado la sentencia de «histórica». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido disculpas a los ciudadanos por la situación.
En el contexto de Castilla y León, esta sentencia podría tener repercusiones en la percepción pública sobre la transparencia y la justicia en la región. La provincia de León, donde se originó parte del caso, podría ver un impacto en la confianza en las instituciones judiciales.
A nivel nacional, este caso resalta las tensiones políticas y judiciales en España, especialmente en un momento en que la independencia del poder judicial es un tema candente. Se espera que el caso continúe generando debate en los próximos meses, con posibles apelaciones y un escrutinio público continuo.
