El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dictaminado que el Ayuntamiento de León debe indemnizar con 43.611,92 euros a Ángel Ordás, exjefe de la Policía Local, por el desempeño simultáneo de funciones. La sentencia, que también impone las costas al consistorio, se dio a conocer el 7 de septiembre de 2023. Este fallo se suma a otros litigios laborales pendientes del Ayuntamiento.
El caso se remonta al 8 de abril de 2014, cuando Ángel Ordás comenzó a desempeñar simultáneamente las funciones de jefe de la Policía Local y coordinador de Protección Civil. El Ayuntamiento de León intentó defenderse argumentando que Ordás no ejerció ambos puestos al mismo tiempo, pero el TSJ desestimó estos argumentos. La sentencia del 21 de abril de 2022 ya había reconocido el derecho del funcionario a ser indemnizado, pero el consistorio apeló, resultando en el fallo actual.
La indemnización de 43.611,92 euros es solo una parte del total que el Ayuntamiento de León debe pagar, ya que aún queda pendiente una cantidad de 149.858 euros. Este caso ha generado un impacto significativo en la administración local, dado que podría sentar un precedente para futuros casos similares en León y en la provincia de Castilla y León.
A nivel autonómico, este tipo de litigios no son aislados, ya que otras administraciones en Castilla y León han enfrentado situaciones similares. Sin embargo, el fallo del TSJ en este caso particular destaca por la imposición de costas al Ayuntamiento, lo que podría influir en la manera en que otros municipios gestionan sus disputas laborales.
En declaraciones oficiales, el Ayuntamiento de León ha manifestado su desacuerdo con la sentencia, aunque aún no ha confirmado si presentará un recurso adicional. Por su parte, el PSOE, partido que gobierna en el consistorio, ha evitado hacer comentarios detallados sobre el fallo, limitándose a señalar que se acatarán las decisiones judiciales.
De cara al futuro, este fallo podría tener implicaciones significativas para la gestión de recursos humanos en el Ayuntamiento de León. La administración local deberá revisar sus políticas para evitar futuros litigios similares, lo que podría incluir una reevaluación de las funciones y responsabilidades de sus funcionarios. Asimismo, el caso podría influir en la percepción pública sobre la gestión del consistorio, afectando potencialmente la confianza de los ciudadanos en sus representantes locales.
