El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dictaminado que el Ayuntamiento de León debe devolver 5,1 millones de euros a los ciudadanos debido a la anulación de la tasa de tratamiento de basura de 2024. Esta decisión se suma a la previa anulación de la tasa de recogida y tratamiento de basura de 2023, lo que representa un nuevo golpe financiero para el consistorio.
La sentencia, emitida este miércoles, establece que la ordenanza de 2024 es nula de pleno derecho, ya que no demuestra la equivalencia entre el coste del servicio y lo cobrado a los ciudadanos. La normativa, impulsada por el equipo de gobierno de José Antonio Diez, fijaba un coste lineal de 38 euros para viviendas, 4.000 euros para comercios y 1.998 euros para industrias, sin justificación adecuada.
El impacto económico de esta decisión es significativo. Además de los 5,1 millones de euros que deben devolverse, el Ayuntamiento no podrá cobrar estas tasas en 2025 ni en 2026, lo que implica una pérdida adicional de 10,2 millones de euros. Este déficit afectará a los recursos destinados a otros proyectos e inversiones municipales.
La anulación de la tasa también afecta a la gestión de residuos, que anteriormente estaba a cargo de la Diputación a través del consorcio Gersul. En 2025, el Ayuntamiento deberá asumir este coste sin poder cobrar la tasa correspondiente, lo que complicará la planificación financiera.
La sentencia del TSJ critica la falta de «informe de impacto de género» en la ordenanza y señala que no se notificó adecuadamente a los contribuyentes sobre el cobro de la tasa. Esta situación ha generado preocupación entre los responsables municipales, quienes ahora deben buscar alternativas para cubrir el déficit presupuestario.
El concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, ha expresado su preocupación por el impacto de esta decisión judicial en las finanzas locales. Se espera que el Ayuntamiento explore nuevas vías de financiación para mitigar el efecto de esta devolución masiva de tasas.
En resumen, la anulación de la tasa de tratamiento de basura de 2024 por parte del TSJ representa un desafío financiero significativo para el Ayuntamiento de León, que deberá encontrar soluciones para gestionar el déficit y continuar prestando servicios a la comunidad.
