En un intento por proteger los derechos laborales de las empleadas del hogar, el Gobierno ha establecido una serie de medidas preventivas que podrían evitar multas de hasta 800.000 euros para los empleadores. Entre estas medidas se destaca la obligatoriedad de implementar un plan de riesgos laborales, similar al que se requiere en cualquier empresa, así como proporcionar formación específica a las trabajadoras.
Estas acciones buscan garantizar un entorno laboral seguro y saludable para las empleadas del hogar, reconociendo su importancia en el desarrollo de las labores domésticas. Además, se pretende concienciar a los empleadores sobre la necesidad de cumplir con las normativas laborales vigentes y brindar las condiciones adecuadas para el desempeño de sus empleadas.
Se espera que estas medidas contribuyan a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y a prevenir posibles situaciones de riesgo o accidentes en el lugar de trabajo. Es responsabilidad de los empleadores cumplir con estas regulaciones para evitar sanciones económicas y garantizar el bienestar de quienes colaboran en sus hogares.
