La Audiencia Nacional ha iniciado diligencias previas de investigación contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, que resultó en la muerte de 45 personas. Esta acción se deriva de una denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia, y el magistrado Antonio Piña ha solicitado a la Fiscalía que determine la competencia del tribunal. Según el auto, los hechos presentan características que podrían constituir una infracción penal. Aunque la admisión a trámite no implica prejuzgar, la Fiscalía deberá decidir si procede con el proceso.
Las diligencias se abren tras los primeros hallazgos técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que identifican una rotura del carril y una soldadura defectuosa como causas del descarrilamiento. El tren chocó con otro convoy de Renfe en el momento del accidente. Los investigadores constataron que el carril, al romperse, volcó hacia el exterior, dejando huellas de paso lateral de ruedas, lo que indica que el tren descarriló antes de perder la rodadura.
España lidera en Europa en accidentes ferroviarios por descarrilamiento, con 34 incidentes entre 2022 y 2024, según Eurostat. Esto representa el 18% del total en la Unión Europea. En 2023, España se posiciona como el país con más siniestros por salida de vías, igualando a Francia.
La CIAF ha certificado diez descarrilamientos por defectos en vías entre 2021 y 2024, advirtiendo que algunos incidentes se repiten en los mismos tramos. Este caso podría ser uno de ellos, con expectativas de más incidentes en 2024. La situación plantea serios desafíos para la seguridad ferroviaria en España, y las decisiones futuras de la Fiscalía serán cruciales para determinar las responsabilidades y prevenir futuros accidentes.
