La Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada se encuentra actualmente en el foco de la justicia debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores. Estas acusaciones surgen tras la asignación de más de 1.200 contratos a través del método de adjudicación directa, lo que ha levantado sospechas sobre el posible fraccionamiento de contratos para evitar procesos de licitación más rigurosos. En el año 2023, la fundación recibió cerca de 248.000 euros en contratos menores, una cifra que ha despertado el interés de las autoridades.
El caso comenzó a tomar forma en 2024 cuando un trabajador de la Ciuden, encargado de la asesoría jurídica, denunció estas prácticas ante la Administración pública. Esta denuncia fue respaldada por un informe que detallaba los procedimientos internos de la fundación y señalaba posibles actos de corrupción. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Ponferrada y, posteriormente, se trasladó al Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada, donde actualmente se investiga el caso.
El juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada ha comenzado a examinar la documentación proporcionada por el denunciante, quien también ha iniciado un proceso por la vía penal. Este procedimiento busca esclarecer si existió un fraccionamiento deliberado de contratos para eludir la normativa legal vigente. La investigación también se centra en las condiciones laborales del denunciante, quien ha alegado represalias tras su denuncia.
La situación ha generado un impacto significativo en Ponferrada y la provincia de León, donde la Ciuden es una entidad de relevancia. Las autoridades locales y regionales están atentas a los resultados de la investigación, que podría tener implicaciones más amplias en la gestión de fondos públicos en Castilla y León.
En el ámbito nacional, el caso ha sido comparado con otros incidentes similares de fraccionamiento de contratos en diversas administraciones públicas, lo que ha llevado a un debate sobre la transparencia y la legalidad en la gestión de recursos públicos. La Ciuden, por su parte, ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.
A medida que avanza la investigación, se espera que se presenten más pruebas y testimonios que puedan arrojar luz sobre las prácticas internas de la fundación. Las autoridades judiciales continúan recopilando información y se prevé que el caso pueda llegar a instancias superiores si se confirman las irregularidades denunciadas. El futuro de la Ciuden y su gestión de contratos menores está ahora en manos de la justicia, que determinará los próximos pasos a seguir.
