En medio de la crisis energética que enfrenta el país, la industria ha encontrado una forma de lavarse las manos y endosar el apagón a las familias. La decisión de aplicar un modo reforzado por parte de Red Eléctrica de España (REE) ha llevado a que la factura eléctrica acumule un costo de más de 800 millones de euros, un peso que recae directamente en los hogares españoles.
Mientras las familias luchan por afrontar los altos precios de la electricidad y las restricciones de consumo impuestas para evitar cortes de luz, la industria parece desligarse de su responsabilidad en esta crisis. La falta de medidas concretas por parte del gobierno para paliar esta situación ha dejado a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad frente a los intereses de las grandes empresas.
En este escenario, se hace evidente la necesidad de un enfoque más equitativo y sostenible en materia energética, que no solo proteja a las familias de los impactos económicos de la crisis, sino que también responsabilice a la industria de su papel en la generación de esta problemática. La transición hacia un modelo energético más justo y eficiente se vuelve cada vez más urgente para garantizar un futuro sostenible para todos los españoles.
