- Los miembros de la Mesa han expuesto su preocupación ante la entrada en vigor en 2025 de la norma Euro 7, por cuanto impone condiciones inasumibles para la mayoría de los productores
- Juan García-Gallardo, vicepresidente, garantizó durante la reunión que la Junta continuará trabajando para “apoyar la competitividad de la industria de la automoción y defender sus intereses allí donde sea necesario”
El vicepresidente de la Junta, con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el titular de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, se han reunido este lunes con la Mesa de la Automoción de Castilla y León. En el encuentro, convocado por el vicepresidente en el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y que se extendió durante dos años, se abordaron, los desafíos a los que se encara el sector con el marco geopolítico actual y el impacto de la norma comunitaria de emisiones de Euro 7.
La Junta quiso destacar ante el sector su total apoyo y disposición para enfrentar la automoción de Castilla y León «en todas las instancias necesarias», conocedores de su valor estratégico en la economía y el empleo de la Comunidad. Ante la entrada en vigor de la Euro 7, la preocupación por parte de la Mesa de la Automoción de Castilla y León fue notoria. Reiteraron la inquietud del sector ante la nueva norma de emisiones, el primer gran escollo que tiene la Comisión de Transporte, y que aprecia nuevos límites de emisiones para óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas, hidrocarburos, metano y amoniaco.
La llegada de la Euro 7 repercutirá a todo vehículo nuevo de primera matriculación desde el 1 de julio de 2025 y sume en un profundo desconcierto el sector, por cuanto impone adaptaciones de la producción de elevada cuantía, que quedarían de nuevo obsoletas si finalmente se produjera la prohibición de la comercialización de los coches gasolina y diésel en 2035.
Asimismo, para los productores parece imposible que en poco más de año y medio puedan abordar las distintas pruebas de homologaciones y sus correspondientes certificaciones.
El vicepresidente de la Junta expresó su deseo de consensuar con todos los presentes un documento de conclusiones que sirva de base para defender desde la unidad los intereses del sector en Castilla y León y alertar, “con la máxima fuerza”, al Gobierno de España y a la Unión Europea de un grave problema que provocará, según los fabricantes de automóviles, el cierre de líneas de producción y plantas en todo el continente.
García-Gallardo enfatizó su preocupación ante las posibles consecuencias que esta normativa pueda tener en el empleo, tanto en el sector de la automoción como en sus industrias auxiliares, y reiteró el compromiso de la Junta por defender las demandas de productores y trabajadores en todas aquellas instancias concernidas. En este sentido, pidió al Gobierno de Sánchez que “deje de castigar a las regiones más leales con España” y que piense “en la economía, las empresas, los trabajadores y sus familias a la hora de legislar”.
El inconveniente de Europa frente al empuje industrial de China; la escasez de semiconductores, los costes de los transportes, de energías y de materias primas; o las condiciones y certezas que pueda ofrecer el nuevo PERTE, que en la última convocatoria dejó sin adjudicar alrededor de 2.200 millones de euros en el PERTE VEC han sido otros de los asuntos tratados en la Mesa de la Automoción de Castilla y León.
