Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, ha expuesto en un acto con representantes de entidades sociales – de inclusión social y discapacidad -, con agentes económicos y sociales, universidades y entidades locales, entre otros, el programa del Fondo Social Europeo+ de Castilla y León desde el año 2021 hasta el 2027.
Este programa, moverá 282.360.488 euros, de los cuales 113 millones – el 40% -, son proporcionados por la Administración autonómica y 169,4 millones de euros – el 60% – aportados por la Unión Europea.
La Unión Europea instaura una financiación del 60% al estar Castilla y León en el grupo de ‘regiones en transición’ junto con Galicia, Valencia, Cantabria, Asturias y La Rioja, entre otras, con una PIB per cápital entre el 75% y el 100% de media de la UE.
Por su parte, la regiones menos desarrolladas como Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha, por debajo del 75% del PIB per cápita, y las ultraperiféricas cuentan con una financiación del 85%; y la financiación es del 40% para las regiones más desarrolladas como Madrid, País Vasco y Cataluña, entre otras.
La programación acordada en lo instaurado en el reglamento del FSE+ por la Comisión Europea y los Estados Miembro tienen que cumplir, al menos, con la sucesiva concentración temática: un 25% destinado a inclusión social, un 12,5% a empleo juvenil, el 5% a luchar contra la pobreza infantil, un 3% de privación material y al menos un 0,25% de captación de interlocutores y agentes sociales.
El Programa del Fondo Social Europeo+ (FSE+) de Castilla y León es la consecuencia de un proceso transparente y participativo de la Junta con las distintas administraciones y entidades colaboradoras y de la experiencia acumulada de la Comunidad, que lleva gestionando Fondos Europeos desde 1989.
Cinco prioridades del FSE+
El programa FSE+ de Castilla y León, que fue aprobado el 2 de diciembre de 2022, se focaliza en torno a cinco prioridades de inversión acordes con el Objetivo Político 4 de alcanzar ‘una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales’:
- La primera prioridad es el empleo, adaptabilidad, emprendimiento y economía social.
- La segunda es la inclusión social y la lucha contra la pobreza.
- La tercera prioridad se dirige a la educación y la formación.
- La cuarta prioridad se centra en el empleo juvenil.
- La quinta prioridad se dirige a la garantía infantil.
Con las actuaciones que se van a poner en marcha, en el ámbito de las anteriores prioridades se pretenden alcanzar los siguientes cinco retos:
- Reto 1. Reducir el desempleo, mejorar la empleabilidad y desarrollar las acciones para la igualdad efectiva, particularmente entre los colectivos vulnerables.
- Reto 2. Desarrollar la formación y capacitación de la población, fomentar el aprendizaje permanente, el reciclaje profesional y adquisición de competencias básicas o digitales.
- Reto 3. Impulsar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los colectivos vulnerables y de las personas con discapacidad, mediante la orientación, el acompañamiento y elaboración de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral al objeto de lograr una participación activa en el mercado laboral.
- Reto 4. Promover y garantizar una educación inclusiva y de calidad en todas las etapas formativas, destinando recursos para la adquisición de conocimientos científicos y la investigación, así como acciones para garantizar el acceso y culminación de los estudios, especialmente entre los colectivos desfavorecidos o vulnerables, incluyendo medidas de acompañamiento, refuerzo y ayuda.
- Reto 5. Fortalecer el sistema de protección a la infancia a través del refuerzo del sistema de protección social, desarrollando actuaciones de apoyo y acompañamiento o ‘mentoring’, con especial atención a los menores protegidos y/ o en situación de vulneración social.
