La Unión Europea ha establecido directrices claras para garantizar que el comercio de la madera y sus productos se realice de manera legal y sostenible. Según el Reglamento EUTR, la madera se considera legal cuando su origen y procesos de producción cumplen con todas las leyes y reglamentos del país de origen. Este marco legal busca prevenir la comercialización de madera obtenida de manera ilegal dentro de la UE.
Para asegurar el cumplimiento de estas normativas, los países miembros de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) han desarrollado los Reglamentos FLEGT y EUTR. En España, estas regulaciones se han implementado a través del Real Decreto 1088/2015, con el régimen sancionador recogido en la Ley 43/2003, de Montes.
El principio clave de estas normativas es la trazabilidad. Se exige que la legalidad de la madera y sus productos sea acreditada en cada etapa de la cadena de suministro. Esto es obligatorio tanto para importadores de fuera de la UE como para comerciantes dentro de la Unión.
En Castilla y León, estas medidas son cruciales para proteger los recursos forestales locales y asegurar que el comercio de madera sea sostenible. La implementación de estos reglamentos no solo protege el medio ambiente, sino que también fortalece la economía local al asegurar que los productos madereros cumplan con estándares internacionales.
A nivel autonómico y nacional, estas regulaciones posicionan a España como un líder en la lucha contra la tala ilegal y el comercio insostenible de madera. Las autoridades continúan trabajando para mejorar la aplicación de estas normas, asegurando un futuro más sostenible para el sector forestal.
