En una reciente sesión en las Cortes, se ha planteado la necesidad de reformar la normativa que regula los contratos menores, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. La diputada Amilivia ha destacado que, en muchos casos, los problemas detectados se limitan a «vicios de carácter administrativo», señalando que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no ha encontrado indicios de conductas punibles.
Esta discusión pone de manifiesto la importancia de establecer controles más rigurosos en la contratación pública, con el fin de prevenir posibles casos de corrupción y asegurar que los fondos del Estado se utilicen de manera adecuada. Aunque se reconoce que existen deficiencias en la normativa actual, se espera que las autoridades competentes tomen medidas para mejorar la regulación de los contratos menores y fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
