El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Quiñones, ha resaltado los logros alcanzados por su administración en materia de protección del lobo ibérico, a pesar de lo que considera una regulación demasiado estricta. Quiñones aseguró que la Junta ha tenido éxito en conciliar la protección de esta especie emblemática con los intereses de los ganaderos y la actividad económica en la región.
El mandatario regional señaló que el Gobierno central se encuentra «arrinconado» ante las exigencias de Bruselas en cuanto a la conservación de la biodiversidad, lo que limita la capacidad de acción de las comunidades autónomas en la gestión de especies protegidas. En este sentido, Quiñones hizo un llamado a revisar las normativas vigentes para permitir una mayor flexibilidad en la gestión de la población de lobos y otras especies en conflicto con actividades humanas.
La postura de Quiñones ha generado un intenso debate en la sociedad castellanoleonesa, donde colectivos ambientalistas y defensores de la conservación de la fauna critican las declaraciones del presidente autonómico, acusándolo de antepasar los intereses económicos a la protección del medio ambiente. Mientras tanto, los ganaderos y sectores relacionados con la actividad agropecuaria han respaldado las palabras de Quiñones, argumentando que la presencia del lobo representa una amenaza para sus rebaños y su sustento.
En medio de esta controversia, la gestión del lobo ibérico se posiciona como uno de los temas más sensibles en la política regional, evidenciando la complejidad de conciliar la conservación de la biodiversidad con las necesidades y demandas de la sociedad.
