En una sesión de pleno polémica, el Ayuntamiento de San Andrés ha aprobado la liquidación de 1,4 millones de deudas de los vecinos que han prescrito. Esta medida ha generado un intenso debate entre la oposición y el partido UPL, que convirtieron la reunión en una suerte de ‘trivial’ con un total de 129 preguntas lanzadas de un lado a otro.
La decisión de condonar las deudas prescritas ha sido recibida con opiniones encontradas por parte de los diferentes actores políticos y la ciudadanía en general. Mientras unos la consideran un gesto de solidaridad y alivio para las familias afectadas, otros la ven como un precedente peligroso que podría incentivar la falta de pago y la irresponsabilidad financiera.
El ambiente tenso y cargado de la sesión evidenció las profundas discrepancias entre los distintos partidos, que aprovecharon cada pregunta para confrontar sus posturas y buscar ventaja política. En medio de acusaciones mutuas y argumentos incisivos, se puso en evidencia la complejidad de abordar temas delicados como la deuda pública y la responsabilidad fiscal.
Ahora, la atención se centra en los posibles efectos a largo plazo de esta decisión, así como en la necesidad de establecer medidas preventivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. El debate sobre la gestión de las deudas y la transparencia en la administración pública continúa abierto, dejando entrever la complejidad de encontrar un equilibrio entre la justicia social y la sostenibilidad financiera.
