El Centro Penitenciario Provincial de Villahierro, ubicado en Mansilla de las Mulas, León, ha decidido relajar las restricciones para ocho reclusos considerados peligrosos, aplicando el segundo grado de régimen penitenciario. Esta medida se enmarca dentro de la nueva directiva del Ministerio del Interior, liderada por Fernando Grande Marlaska, que busca mejorar la reinserción social de los internos. La decisión afecta a aquellos reclusos que, bajo el artículo 75.1, han protagonizado incidentes regimentales, pero que ahora se beneficiarán de un régimen menos restrictivo.
El contexto de esta medida se remonta a 2019, cuando se implementó el Programa de intervención con internos en régimen cerrado, buscando reducir el número de internos en primer grado. Actualmente, el establecimiento penitenciario de Villahierro cuenta con dos grados de régimen cerrado: el artículo 91.3, destinado a los internos más peligrosos, y el artículo 91.2, correspondiente al primer grado. La modificación actual afecta a los internos de segundo grado, permitiéndoles un régimen más flexible.
La prisión de Villahierro, con una capacidad para 1,072 plazas, alberga actualmente a 1,100 internos, lo que evidencia una sobreocupación. Además, el personal médico se encuentra reducido, con solo 3 profesionales de un total de 10, lo que agrava la situación de atención sanitaria dentro del recinto.
Fernando Martínez, secretario provincial de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones en León (APFP), ha expresado su preocupación por la problemática que presentan las estadísticas del Ministerio del Interior, así como por la falta de personal en la prisión, lo que podría afectar la implementación efectiva de estas nuevas medidas.
El impacto local de esta decisión en la provincia de León y en Castilla y León es significativo, ya que refleja un cambio en la filosofía de gestión penitenciaria, alineándose con las políticas de reinserción social promovidas a nivel nacional. Sin embargo, la sobreocupación y la falta de personal son desafíos que el centro deberá enfrentar para garantizar el éxito de estas políticas.
De cara al futuro, se espera que la aplicación de estas medidas contribuya a una mejor reintegración de los internos en la sociedad, aunque será crucial abordar las carencias de personal y recursos para asegurar que estas políticas se implementen de manera efectiva y segura. La evolución de esta situación será clave para evaluar el impacto real de las directivas del Ministerio del Interior en el sistema penitenciario de la región.
