Vox ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros, incluyendo a Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, así como a presidentes autonómicos como Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León. La acción legal, presentada el pasado lunes, se centra en la supuesta negligencia en la gestión de riesgos de emergencia y la situación de incendios que ha afectado a diversas regiones, incluyendo León y Montecueva.
La querella de Vox también señala a los presidentes autonómicos de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y de Galicia, Alfonso Rueda, entre otros. Según la formación, las autoridades han fallado en implementar medidas preventivas y correctivas adecuadas para evitar desastres naturales, lo que ha resultado en una gestión ineficiente de los incendios forestales.
En el contexto de Castilla y León, la provincia de León ha sido una de las más afectadas por los incendios en los últimos años. La falta de medidas efectivas para prevenir y controlar estos incidentes ha generado críticas tanto a nivel local como nacional. Vox solicita al Tribunal Supremo la suspensión de actos administrativos relacionados y la liberación de datos específicos sobre los incidentes, con el fin de evaluar la gestión realizada.
Comparativamente, otras comunidades autónomas como Galicia y Andalucía también han enfrentado desafíos similares en la gestión de incendios, lo que ha puesto de relieve la necesidad de una estrategia nacional más coherente y eficaz. En declaraciones recientes, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido las acciones de su gobierno, aunque ha reconocido la necesidad de mejorar la coordinación y los recursos disponibles.
El impacto de esta querella podría ser significativo, ya que podría llevar a una revisión exhaustiva de las políticas de gestión de emergencias a nivel nacional. Vox ha enfatizado la importancia de establecer medidas más estrictas para prevenir futuros desastres y proteger a las comunidades afectadas. En los próximos meses, se espera que el Tribunal Supremo evalúe la viabilidad de la querella y determine los pasos a seguir, lo que podría incluir la implementación de nuevas directrices para la gestión de riesgos en todo el país.
