La Sala de lo Social de Valladolid de dicho tribunal ha declarado, a instancia de los Servicios Jurídicos autonómicos, la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar los actos administrativos dictados por la Junta en la financiación de la actividad de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA).
El SERLA es un sistema de solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León, creado a través de la suscripción de los oportunos acuerdos profesionales entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad: UGT Castilla y León, CCOO Castilla y León y CECALE.
Este sistema, constituido tanto por los agentes sociales firmantes de los acuerdos interprofesionales como por la Junta de Castilla y León, tiene la consideración de fundación pública de la Comunidad, en la medida en que es la Administración autonómica la única entidad que financia su actividad.
Mediante la Orden de 13 de abril de 2023, de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, se concedió a la Fundación del SERLA una subvención de 400.000 euros, sujeta a determinadas condiciones y requisitos. CCOO y UGT interpusieron una demanda, solicitando la anulación de esta Orden, por entender que la aportación dineraria concedida era insuficiente.
Dicha demanda fue interpuesta ante el orden jurisdiccional social, es decir, ante los órganos instituidos por el Estado para el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo. Los sindicatos demandantes, por tanto, entendían que la Orden impugnada había sido dictada por la Administración autonómica en el ejercicio de sus competencias en materia laboral y sindical. En este procedimiento judicial también se personó el Ministerio de Trabajo y Economía Social, manteniendo en la vista celebrada los mismos argumentos que los sindicatos demandantes.
Tal y como habían solicitado los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su Sentencia de 3 de noviembre de 2023, ha declarado la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar la legalidad de la Orden de 13 de abril de 2023 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.
Para alcanzar esta conclusión, la Sala de lo Social de Valladolid considera que el acto administrativo de financiación de la Fundación del SERLA no deriva de las competencias autonómicas en materia laboral o sindical, sino que es resultado de la facultad de organización de la Junta de Castilla y León, y está inspirado en el principio de estabilidad presupuestaria.
