Según un informe presentado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), las comunidades autónomas se verán obligadas a destinar la considerable suma de 12.000 millones de euros en los próximos tres años. Este desembolso, señala el estudio, generará la necesidad de reasignar recursos desde otras áreas de política pública para hacer frente a este gasto. La alerta emitida por Fedea pone de manifiesto la presión económica a la que se enfrentarán las autonomías en un contexto de ajustes presupuestarios y priorización de partidas. La gestión de estos recursos y la búsqueda de un equilibrio entre las diferentes áreas de inversión se convierten en un desafío para las administraciones regionales en un escenario de incertidumbre económica.