El inspector que denunció los beneficios del comisario de Barajas a los investigados de Plus Ultra sufrió un traslado forzoso tras alertar internamente sobre los hechos. La policía tuvo que recurrir a la Justicia, que le dio la razón en contra del Ministerio del Interior, y se le restituyeron en su cargo. Así se relata en la sentencia a la que ha tenido acceso ABC.

El caso comenzó cuando el inspector comunicó a sus superiores que el comisario de Barajas estaba otorgando un trato preferencial a los investigados por el caso Plus Ultra. La denuncia interna no fue bien recibida, y el inspector fue trasladado a una comisaría en Madrid, lo que consideró una represalia por parte de sus superiores.

El inspector decidió llevar el caso a los tribunales, donde finalmente se le dio la razón. El tribunal consideró que el traslado fue una medida arbitraria y que el inspector debía ser restituido en su puesto original en el aeropuerto de Barajas.

Este caso es uno de los focos activos de la investigación sobre Plus Ultra, que también ha involucrado a otros altos mandos policiales. Uno de los implicados es Miguel Ángel Ramírez, empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, quien envió un correo al comisario de Barajas solicitando un trato preferencial para los investigados.

La sentencia del tribunal destaca la importancia de proteger a los denunciantes de irregularidades dentro de las instituciones públicas. Asimismo, subraya la necesidad de que las investigaciones internas sean llevadas a cabo de manera objetiva y sin represalias para aquellos que se atreven a denunciar.

Por otro lado, el juez Santiago Pedraz ha levantado parcialmente el secreto del sumario del caso de las ‘cloacas del PSOE’. Este caso involucra a varios altos cargos del partido y se centra en la presunta financiación irregular del PSOE a través de empresas públicas.

Fuentes del caso señalan que la investigación se centra en la posible utilización de fondos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para financiar actividades del partido. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo las investigaciones bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción.

El levantamiento parcial del secreto del sumario permitirá a las partes implicadas acceder a parte de la documentación, lo que podría acelerar el proceso judicial. Sin embargo, el caso sigue siendo complejo y se espera que las investigaciones continúen durante varios meses más.