El Partido Popular ha exigido explicaciones al presidente de la Junta Vecinal de Magaz de Abajo tras conocerse la existencia de una deuda de 39.797,54 euros reclamada por la Comunidad de Regantes del Canal Alto del Bierzo. Según denuncian los populares, esta situación compromete la estabilidad económica de la entidad local menor.
La cuestión salió a la luz durante el pleno extraordinario celebrado para aprobar las cuentas generales correspondientes a 2024 y el presupuesto de 2025. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Camponaraya y vocal de la Junta Vecinal, Pablo González Basante, votó en contra de las cuentas al considerar que no reflejan la realidad económica de la entidad, al no incluir una deuda que se arrastra desde 2018 y que actualmente se encuentra en procedimiento de apremio.
Según explicó el representante popular, las cuentas aprobadas presentan unos ingresos y gastos cercanos a los 13.000 euros y un superávit de 183,10 euros, cifras que, a su juicio, ofrecen una imagen distorsionada de la situación financiera de la junta vecinal.
González Basante advirtió de que la deuda reclamada asciende a casi 40.000 euros entre principal, recargos, intereses y costas, una cantidad que considera especialmente elevada para una localidad de alrededor de 850 habitantes. «Estamos hablando de una deuda muy importante para una junta vecinal de estas características y los vecinos tienen derecho a conocer toda la información sobre el origen de este impago y las medidas previstas para solucionarlo», señaló.
El vocal popular también alertó de que la Comunidad de Regantes ha emitido recientemente un nuevo recibo por importe de 3.432,20 euros, lo que, según sostiene, demuestra que la deuda continúa generando nuevas obligaciones económicas para la entidad.
Desde el PP consideran especialmente preocupante que el importe reclamado multiplique por tres el volumen económico anual reflejado en las cuentas de 2024. Por ello, reclaman transparencia sobre la gestión realizada y sobre las actuaciones que prevé llevar a cabo el equipo de gobierno para afrontar la deuda y evitar que la situación continúe agravándose.
Los populares sostienen que los vecinos deben conocer con detalle el alcance del problema económico y las posibles consecuencias derivadas del procedimiento de apremio abierto por la Comunidad de Regantes, que incluye advertencias de embargo sobre el patrimonio de la Junta Vecinal.
